Las provincias pampeanas aportarán $ 8.700 millones

Agro 08 de noviembre de 2018 Por
Se trata de la nueva distribución de las regalías de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa al resto del país por las ventas de soja.

La modificación en el esquema de retenciones al agro generó polémicas en el sector productivo, así como también el cambio en el sistema de distribución de las regalías de la soja a los distintos niveles del Estado. No obstante, las ventas de granos, fundamentalmente de la oleaginosa, sigue generando recursos que muy pocas actividades consiguen.
De acuerdo a un estudio de Valor Soja, este año las provincias de la zona pampeana transferirán regalías sojeras al resto del país por un monto superior a $ 8.700 millones al combinar los recursos del extinto Fondo Federal Solidario con los aportes de la resurrección de ese instrumento.
En setiembre pasado el Estado nacional dejó de girar regalías sojeras a las provincias luego de derogar el Fondo Federal Solidario por medio del decreto 756/18.
Sin embargo, según lo indica la resolución 18/18 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (publicada el jueves en el Boletín Oficial) se resolvió "ponderar la situación de aquellas provincias, municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se encuentran ejecutando obras para cuyo financiamiento se contaba con los fondos provenientes del Fondo Federal Solidario, sin prever en su presupuesto vigente las partidas necesarias para afrontar los gastos que las mismas conllevan".
Por ese motivo, se procedió a crear un Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (una suerte de fondo sojero resucitado) por un monto total de 4125 millones de pesos, el cual será coparticipado entre las provincias en cuatro cuotas iguales y consecutivas.
La resolución 18/18 establece que los fondos del programa "deberán destinarse a la ejecución de obras de infraestructura (…) sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes".
En los primeros ocho meses de 2018 el Gobierno nacional había transferido a las provincias 15.424 millones de pesos en concepto del "Fondo Sojero", cifra que, sumada al "Programa de Asistencia", representará recursos por casi 19.550 millones de pesos. De ese total, las cuatro provincias pampeanas (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa) recibirán $ 7.777 millones.
Pero si los recursos combinados (Fondo Sojero + Programa de Asistencia) se transfirieran en función de la producción de soja 2016/17 de cada provincia (último dato oficial disponible desagregado por juridiscción) entonces las cuatro provincias que componen la zona pampeana deberían recibir $ 16.525 millones. Eso implica que esas cuatro provincias transferirán al resto del país "regalías sojeras" por un monto de $ 8.748 millones (algo insólito porque las regalías petroleras o mineras, lejos de redistribuirse entre todas las jurisdicciones argentinas, son percibidas por aquellas provincias en las cuales se originan tales recursos).
Los recursos del Fondo Federal Solidario se conformaban con el 30% de lo que la Nación recauda en concepto de derechos de exportación de poroto, harina y aceite de soja. El decreto 206/09 disponía que los mismos se coparticipan entre todas las provincias para destinarse a "obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes".
Las provincias de La Pampa y San Luis (más allá de algunas transferencias mínimas percibidas en los primeros días del año) no recibirán recursos del "Fondo Sojero" ni del «Programa de Asistencia» porque sus gobiernos locales optaron por no ratificar los compromisos establecidos en el «Acuerdo Fiscal" firmado por las restantes jurisdicciones con la Nación.
El "Acuerdo Fiscal" consiste en un texto de 22 páginas en el cual las provincias firmantes se comprometen a reducir alícuotas de Ingresos Brutos, desistir de juicios contra el Estado nacional y establecer criterios de responsabilidad fiscal (entre otras cuestiones orientadas a ordenar las cuentas provinciales) a cambio de encontrarle una solución definitiva al esquema inequitativo que representaba para la provincia de Buenos Aires el "Fondo del Conurbano".

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