Canales clandestinos: la Provincia ya intimó a 59 propietarios

Locales 08 de noviembre de 2018 Por
En caso que las posibles irregularidades impacten negativamente sobre un correcto escurrimiento de los excedentes hídricos y el particular no efectúe un descargo, podrá ser fuertemente multado. Asimismo y con orden judicial, la Provincia podrá intervenir en los terrenos, bajo potestades otorgadas por la nueva ley de aguas.
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1 / 2 - La provincia quiere regularizar los trabajos hídricos artificiales y llevar un registro. - Gentileza Ministerio de Infraestructura y Transporte

El Gobierno provincial se anuncia decidido a dar cumplimiento a "una agenda hídrica" en base a «un ordenamiento y registro de las obras» conforme advierte el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, y bajo ese contexto ya toman acciones para erradicar las canalizaciones presuntamente irregulares en los campos.
La ley provincial 13.740, sancionada este año por la Legislatura tras un añoso debate -denominada "Ley de Aguas de Santa Fe", establece un pormernorizado y a la vez amplio margen de actuación para lograr el objetivo antes apuntado. La norma prevé además un puntilloso régimen contravencional que a su vez pone el "poder de policía" en cabeza de las autoridades administrativas (Gobierno provincial, Municipios y Comunas), establece sanciones y otorga la posibilidad de recurrir a la Justicia ordinaria, en caso de reticencia de los propietarios.
«Hemos generado una agenda hídrica junto al gobernador Miguel Lifschitz y avanzamos en este sentido», sostuvo el titular de la cartera apuntada, José León Garibay. "Grandes trabajos de infraestructura en conjunto con los Comités de Cuenca, canalizaciones y ahora vamos a ordenar el registro de obras", aseguró.
Por su parte el subsecretario de Obras y Proyectos, Nicolás Mijich declaró: "Nosotros creemos que es vital para el correcto escurrimiento tener un registro de obras, nos va a permitir trabajar con mayor conocimiento y poder detectar a tiempo las obras que son irregulares-" Y agregó: "vamos a necesitar un fuerte compromiso de los gobiernos locales que son los que están en el territorio".
Las mismas fuentes gubernamentales precisaron que desde que se puso en vigencia la nueva normativa, se concretaron a la fecha "unas 59 intimaciones a distintos propietarios para que presenten la documentación correspondiente a las canalizaciones detectadas en sus parcelas, en su mayoría en los departamentos Castellanos, Iriondo y General López".
En cuanto a la previamente apuntada "agenda hídrica", la Provincia recordó que, desde la declaración de emergencia de 2016, "se ha trabajado en dotar a los comités de Cuenca de maquinaria a través de la entrega de aportes para su compra, además se han ejecutado grandes obras de canalización, protección contra inundaciones llegando a las suma de 1.700 millones de pesos".

Mecánica de los procedimientos

Conforme está previsto en la nueva ley, promoverán que la tarea de contralor sea conjunta con los Municipios y Comunas de toda la provincia. Cuando existan elementos suficientes, los estados locales podrán denunciar canales irregulares o clandestinos al ministerio de Infraestructura y Transporte de la provincia de Santa Fe. Un posterior informe fundado de situación se decidirá si se requiere informes técnicos de los trabajos realizados o se comenzará una intervención.
En caso que la obra realizada tengo un impacto sobre la cuenca natural el ministerio realizará un informe técnico y acta de constatación por escrito y se citará al propietario o responsable de los trabajos para que realice un descargo, ofrecimiento de pruebas y /o excepciones.
La resolución 528/18 del ministerio de Infraestructura y Transporte dispone que si una obra provoca un daño, se ordene al ejecutante una reposición al estado natural del terreno. En caso que no se cumpla la orden, quedarán habilitadas las actuaciones judiciales por parte del estado provincial.
Opera de la siguiente manera: se notifica al denunciado para que en 15 días ofrezca pruebas o neutralice los trabajos, de lo contrario se avanza con una causa judicial y/o neutralización desde la provincia. Además de ejecuta una multa que va desde 400 a 400.000 litros de gas oil.

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