La CGT Rafaela advirtió sobre la "emergencia" de las obras sociales

Locales 23 de abril de 2019 Por
"La salud es un derecho básico de todo ciudadano argentino. Es obligación del Estado dar respuestas. Las organizaciones sociales sindicales actuamos en acción colaborativa a las obligaciones estatales ante dichas falencias", señaló la entidad gremial. La palabra de dos dirigentes gremiales sobre el tema.
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- Castellanos

La Confederación General del Trabajo Regional Rafaela difundió un documento en el que hizo pública su "enorme preocupación por la situación sanitaria del país y su impacto sobre la realidad de las obras sociales sindicales".
"La actual crisis económica, se refleja de manera cruel, en un Estado que se desentiende de un derecho primario, como los es la salud de sus habitantes", remarcó la entidad.
En el documento que se difundió ayer, la CGT Rafaela –que abordó el tema en su último plenario de secretarios generales como una cuestión central- subrayó que "a la restricción del calendario de vacunas, la falta de provisión de insumos médicos esenciales y la desafección de atención en patologías específicas en el sector público, la caída de los niveles prestacionales del PAMI, también debemos sumarle el manejo discrecional que realiza sobre los fondos de redistribución administrativos por el sistema SUR".
"A esta actitud del Gobierno Nacional, debe sumarse el desfinanciamiento natural que sufre el sistema de Obras Sociales ante la permanente caída de recursos producto de puestos de trabajo que se pierden, jornadas reducidas, morosidad de pago de aportes y contribuciones en el que han caído numerosas empresas ante la persistencia de una crisis. Que lejos de reducirse, se profundiza cada día más y el desigual incremento de los costos prestacionales en contraposición a la pérdida del poder adquisitivo que de manera progresiva y constante vienen sufriendo los salarios", apuntó la central sindical.

Imposibilidad

"Ante este Estado de situación, las Obras Sociales nos vemos imposibilitados de afrontar las prestaciones de salud que el trabajador merece", advirtió la CGT.
"Rechazamos enfáticamente la falaz construcción mediática, de hacer creer a la opinión pública que las obras sociales son la caja recaudadora de los sindicatos. Este relato construido, no hace más que desviar el eje de la problemática y disimular responsabilidades", agregó luego.
Finalmente, la entidad gremial denunció "el peligroso camino que nos obligan a transitar. De no modificarse la actual actitud del Gobierno Nacional de deslindarse irresponsabilidades de las obligaciones legales que les cabe, los sistemas solidarios de Obras Sociales se encuentran en riesgo de insostenibilidad".

Plenario

La semana pasada hubo un plenario de la CGT Rafaela en el Sindicato de la Carne ,donde se analizó la cuestión. Tras esa reunión, Juan Berca, secretario general en Rafaela del Centro Empleados y Comercio (CEC); y Marcelo Lombardo, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines, dialogaron con Radio Universidad y explicaron los temas tratados y remarcaron su preocupación por la situación de las obras sociales.
En el sistema de salud de la Argentina, las obras sociales ocupan un lugar central ya que según Daniel Maceira, inverstigador del Conicet y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), en el sitio web de Chequeados, declaró que "alrededor de un tercio de las personas se atiende en el sector público, las prepagas atienden entre un 7% y un 10%, y las obras sociales nacionales y provinciales y el PAMI cubren casi al 60% de la población". Esto quiere decir que 26 millones de personas en el país utilizan las prestaciones de las obras sociales.
En la actualidad, el sistema solidario de obras sociales atraviesa "una grave situación de riesgo e incluso imposibilidad de sostenimiento del sistema si la situación no varía o no se busca una alternativa de auxilio para poder compensar las grandes dificultades de desfinanciamiento que se están dando en el sistema", fueron las tajantes palabras del referente de SOIVA en nuestra ciudad, Marcelo Lombardo, para expresar el contexo en la que se encuentra el sector de salud de los sindicatos.
Juan Berca, por su parte, diferenció las prepagas de medicina del sistema solidario de obras sociales afirmando que "es complicado bancar los costos, no como la medicina prepaga que te cobra por cabeza, si sos una persona es determinado monto, si son dos aumenta el costo. En las obras sociales nuestras el aporte es siempre el mismo y la prestaciones también son las mismas".
Las obras sociales dependen principalmente de los aportes de los trabajadores, quienes a través de sus ingresos, aportan de manera automática un 3% de sus sueldos para financiarlas. Además, el empleador aporta otro 5% que permite engrosar las finanzas de las obras sociales. De ese total, entre un 80% y un 85% (dependiendo de los ingresos del trabajador) se destina a la obra social para la prestación del servicio y el restante 15% o 20% se destina al Fondo Solidario de Redistribución (FSR).
La gestión de este Fondo está a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)-entidad dependiente del Ministerio de Salud de la Nación- y se financia con una parte de los aportes y de los recursos del presupuesto nacional, entre otras fuentes.
El objetivo principal del Fondo, es el reintegro de dinero a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos a través del Sistema Único de Reembolsos (SUR) y también se encarga de subsidiar a las obras sociales de menores recursos para que puedan cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO) que establece el Ministerio de Salud de la Nación.

Dificultades

Las obstrucciones para que se financie equilibradamente las obras sociales y permitan brindar un servicio acorde a las necesidades de la población son varios. Uno de los principales problemas es la crisis económica y Marcelo Lombardo explicó que "genera un crecimiento alarmante de la caída de la recaudación, producto del cierre y la perdida de puestos de trabajo, de lo que son las jornadas laborales reducidas y la morosidad en la que suelen entrar los sectores empresarios en cuanto al pago de aportes y contribuciones".
Otro factor que incide es la inflación y el aumento en la cotización del dólar que hace que los costos de las prestaciones y de los insumos médicos se eleven exponencialmente en contrapuesto de la caída del poder adquisitivo del bolsillo de los trabajadores.

A nivel nacional, un tema de negociaciones permanentes

A la díficil situación que atraviesa el país, se le suma la postura de enfrentamiento que tuvo a lo largo de los años de gestión de Cambiemos con la CGT. Entre las acciones relevantes que manifiestan la oposición del Gobierno contra los sindicatos, se encuentra el avance de varias causas judiciales contra sindicalistas, la reforma laboral pendiente en el Congreso y los cambios en los mecanismos de reparto de fondos a las obras sociales, que dependen de los gremios.
Sobre el enfrentamiento opinó el referente de los textiles de la ciudad expresando que "La diferencia que pueda tener éste o cualquier gobierno, con un dirigente o con la totalidad de la dirigencia sindical, no debería dirimirse en una cuestión que termina perjudicando a la población en general, porque los fondos de los cuales se niegan a responder legalmente, constituido para auxiliar a las obras sociales, son aportes de los trabajadores".
Uno de los cambios que se impulsó desde el Estado nacional, en enero de 2018, fue respecto del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) creado en el año 2012, que en esa época representaba unos 950 millones de pesos anuales. El subsidio se foma a partir del 5% de lo recaudado en los Aportes y Contribuciones, para luego transferirse automáticamente al Fondo Solidario de Redistribución de las obras sociales. El objetivo del subsidio es compensar las desigualdades del sistema y se divide 20% en partes iguales para todas las obras sociales con más de 5.000 afiliados, mientras que el 80% restante se reparte en forma proporcional de acuerdo al número de afiliados de los sindicatos.
El sitio web de Chequeados explicó que "Con la modificación que impuso el Gobierno, la Superintendencia tiene que presentar el primer día hábil de cada mes, ante la AFIP, el padrón de afiliados de cada obra social para determinar qué monto del SUMA deben percibir, lo cual implica que las transferencias ya no se harán de manera automática, sino ante la presentación de la documentación. Eso otorga más discrecionalidad al Poder Ejecutivo Nacional".
Ante este cambio del manejo de fondos, a los gremialistas también les preocupa lo publicado en Clarín, que aseguró que la administración macrista tiene la intención de eliminar por completo el subsidio, lo que ahogaría financieramente a las obras sociales.
El dirigente gremial de Soiva, Marcelo Lombardo, expresó su descontento respecto a lo descripto anteriormente diciendo que  "esos fondos, propios de los trabajadores, que fueron creados y generados justamente para poder asistir a los desequilibrios, que en determinados momentos se pueden dar entre las estructuras de las obras sociales, se utilizan de manera discreccional por parte del Estado nacional, que cuando quiere te hace los reintegros que corresponden y cuando se le antoja no te lo hacen. Por lo cual se genera una situación de incertidumbre y poca previsibilidad de manejo de los recursos con lo que contamos"
Además, agregó que "hay como un relato ya formado de querer imponerle a la sociedad de que las obras sociales son la caja de los sindicatos y nada más alejado a la realidad. Lo que la instituciones sindicales estamos atravesando en este momento es justamente situaciones de quebranto que surgen a partir de la necesidad de querer brindar los servicios que corresponde a través de las obras sociales y para eso tenemos que recurrir a otro tipo de recursos con lo que cuentan las entidades gremiales y que se ven absolutamente dilapidados en lo que es la prestación de las obras sociales".
De todas maneras al Gobierno se le avecinan las elecciones y para calmar las aguas a principios de este mes liberó $ 10.000 millones destinados a las obras sociales. La medida fue oficializada a través del decreto 251/2019, dos días después de la aprobación del giro por parte del FMI de u$s 10.800 M bajo la exigencia de que se empiece a tratar la reforma laboral.

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