Por un debate sin demagogias

Editorial 16 de abril de 2019 Por
El número de menores de edad involucrados en la comisión de todo tipo de delitos, y a edades más tempranas, continúa creciendo.
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Si bien el aumento de la marginalidad reconoce múltiples causas, sobre las que hay que actuar, es necesario fijar con mayor firmeza y claridad los límites que no deben transgredirse para evitar una impunidad de "puertas giratorias".
Desgraciadamente, muchos menores han pasado a ser "la mano de obra barata" de organizaciones mafiosas dedicadas al narcotráfico, al robo tanto de hogares como de vehículos o al simple asalto callejero, incluido el llamado descuidismo, además de otros delitos considerados "leves". Los llamados "soldaditos" de los narcos son una postal trágicamente habitual en villas de emergencia.
La reforma del régimen penal juvenil, anunciada por el presidente Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, incluye la baja de la edad de imputabilidad a 15 años para los delitos graves, esto es, aquellos sancionados con 15 o más años de prisión. Actualmente rige en la Argentina un régimen penal de minoridad, promulgado en 1980, que estableció en 16 años la edad de imputabilidad, la más alta si la comparamos con otros países de América Latina, como Uruguay (13 años) o Ecuador (12 años), o con naciones más desarrolladas de Europa como España o Italia que penan a los menores a partir de los 14 años, o Inglaterra, a partir de los 10.
Días pasados ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto propuesto por el Ejecutivo, que será tratado en un plenario de comisiones.
En la Argentina, los dirigentes tienen la obligación de dar un debate sincero y sin demagogia electoral sobre los temas que más preocupan a la sociedad, entre ellos el de la inseguridad, y legislar para que la ciudadanía tenga cada vez más garantías cuando sale a la calle. La realidad marca, y está a la luz de los hechos, que la delincuencia juvenil se incrementa y que urge contar con una legislación acorde que permita también generar un cambio cultural para que los más jóvenes comprendan las consecuencias de sus actos delictivos.
La iniciativa oficial contempla que los menores de 15 años que cometan delitos reprimidos con penas de hasta diez años por el Código Penal, y que son inimputables, participen de un programa de asistencia mediante la intervención de equipos interdisciplinarios, con el fin de que no avancen en la carrera delictiva. También impulsa que los adolescentes que sean condenados no terminen encarcelados en prisiones con detenidos adultos.
Las reformas legislativas deberán ser acompañadas por acciones del Estado para garantizar la finalización de los estudios primarios y secundarios de los menores. Sin educación ni capacitación laboral será difícil que un joven no reincida en la delincuencia. La pérdida de la cultura del trabajo y del esfuerzo están entre los mayores responsables de la proliferación del delito en busca del dinero fácil, en una sociedad con tantas familias acostumbradas por años a vivir de subsidios que muchas veces son prebendas.
El necesario debate sobre la baja de la edad de imputabilidad dentro de un programa integral penal juvenil es un importante eslabón en el combate del delito, incluido el del narcotráfico, de tal manera que sea más fácil desactivar a las organizaciones delictivas que prometen paga a cambio de favores a los menores. Cualquier reforma no puede agotarse en la fijación de la edad del autor del delito, cualquiera fuera la falta, sino que debe contemplar el agravamiento de la pena del mayor que se vale del menor.
No se puede apelar livianamente al concepto de "mano dura" si no se establecen también mecanismos para prevenir la delincuencia, tanto como para educar y reinsertar en la sociedad a quien delinque, mucho más a temprana edad. Es imprescindible trabajar con la mirada en el largo plazo y no en simples paliativos. De lo contrario, solo propiciaremos que sean cada vez más pequeños los menores captados por las redes delictivas.
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