Polémica en Tostado por la vacunación antiaftosa

Agro 15 de abril de 2019 Por
En las últimas semanas el tema recurrente de conversación en la comunidad agropecuaria de Tostado no es el impacto de las inundaciones ni el bajón del precio de la soja, sino la gestión de los recursos realizada por la entidad local encargada de la vacunación antiaftósica.
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El estudio contable Sacripanti & Asociados –a partir de un requerimiento realizado por la propia Unidad Ejecutora Local Departamental Sur Tostado– auditó los ejercicios de esa UEL cerrados en los meses de junio de 2015, 2016, 2017 y 2018.
El informe –con fecha del 10 de febrero de 2019– detectó que el alquiler realizado por la UEL a la Sociedad Rural de Tostado no establece un precio fijo, sino variable. En un primer contrato el precio se pactó en un monto equivalente al 23,5% del valor de la compra del fármaco en laboratorio. Luego se modificó el contrato para establecer un precio variable equivalente al 85% del arancel administrativo determinado por la UEL en cada campaña, según publicó el portal Valorsoja.com .
"Es impropio de un contrato de locación de cosa que el precio se fije en función de la compra de un producto que realiza la locataria o el arancel que ésta cobre por la prestación de los servicios propios de su objeto a los asociados", señala un dictamen del abogado Hugo Martín Parma contenido en el informe de la auditoría.
"Si bien el estatuto de la UEL prevé la prestación de servicios por propia administración o asociada o en colaboración con otra entidad de similar naturaleza (la Sociedad Rural de Tostado), ello no autoriza a desnaturalizar a sus administradores y representantes las bases que sustentan un contrato de locación de cosa, sean inmuebles o muebles", remarca.
Los contadores que realizaron la auditoría realizaron un cálculo "de los gastos de funcionamiento aproximados necesarios para el desarrollo de la actividad", correspondientes a los tres ejercicios cerrados en junio de 2016, 2017 y 2018 "en base a los gastos afrontados por oficinas similares y que realizan tareas similares". Y determinaron, a partir de ese cálculo, que podrían haberse ahorrado en ese período 246.963 dólares.
En función de eso la auditoría consideró que los importes abonados en concepto de alquileres son excesivos y contrarios a los intereses por los cuales deben velar las autoridades de la UEL.
"Eso no es así porque ese monto tiene aproximadamente un 80% de gastos de personal, electricidad, mantenimiento, entre otros. Hay tres personas trabajando a tiempo completo en la UEL", aseguró Jorge Estanislao Mercau, presidente de la Sociedad Rural de Tostado. "La auditoría no encontró ninguna irregularidad porque no existe faltante de dinero. Y tenemos el costo de la vacuna mucho más bajo que otras UELs que dan el mismo servicio", explicó.
"La auditoría se extralimitó porque evalúa un presunto ahorro que podría haber tenido la UEL, algo que no le corresponde hacer. Además, una auditoría que no debería valer más de 200.000 pesos, a la UEL le costó 665.000 pesos", indicó Mercau.
"Queremos comunicar a los productores que no se dejen llevar por dimes y diretes y que existe una intención maliciosa detrás de esto", consideró. Cuando se le preguntó quién estaría detrás de esa intención maliciosa, Mercau señaló al encargado de la oficina de Senasa en Tostado, Nicolás Vallejos, quien, según Mercau, pretende tener una injerencia indebida en la UEL local. "Ya dimos conocimiento de esta situación a la autoridades provinciales y nacionales de Senasa sobre esta situación", indicó el presidente de la Sociedad Rural de Tostado.
"Las ganancia generada por la UEL se invierte en instalaciones, equipamiento y en servicios y acciones gremiales para los productores de la zona. Tenemos, por ejemplo, nuestro propio grupo electrógeno y el predio de la Sociedad Rural (de Tostado) es un lujo como está. Es una vergüenza lo que están haciendo porque lo que hacemos está todo a la vista", aseguró Mercau.
Vallejos no coincide con lo manifestado por Mercau. "La oficina local del Senasa no pretende tener injerencia en la UEL, sino al revés: son algunos integrantes de la Sociedad Rural los que creen que pueden manejar a la oficina local", apuntó el funcionario de Senasa. "Por ejemplo, intentando exigir ciertos movimientos de hacienda cuando no están dadas las condiciones para que eso ocurra. Estas cuestiones ya les fueron explicadas por mis superiores (del Senasa)", añadió.
Por su parte Marta Sacripanti, titular del estudio contable homónimo, tampoco considera apropiadas las consideraciones realizadas por Mercau. "Si se refiere a una comparación (realizada en el documento) de lo que se estaba pagando en cierto rubro (por el alquiler) con lo hubiese podido pagarse con otro manejo, eso no es una extralimitación, sino simplemente un recurso para que el lector del informe pueda evaluar el contenido del mismo", aseguró.

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