Empresarios insisten con la ley de ART provincial

Locales 11 de febrero de 2019 Por
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Como resultado de persistentes gestiones de todo el arco productivo provincial, a mediados de diciembre, el gobernador Ing. Miguel Lifschitz envió a la legislatura, en el mensaje 4.758, su propio proyecto de ley para la adhesión a la ley de riesgo de trabajo, para que sea tratado en sesiones extraordinarias.
Según el documento elevado a la Cámara de Senadores, "la iniciativa es el resultado de un amplio consenso al que se ha arribado entre los distintos actores involucrados y, en definitiva, propende a brindar debida protección al sector trabajador frente a eventuales contingencias que pudiera sufrir cada dependiente, otorgándole soluciones expeditas y urgentes, justificado ello en el elevado número de procesos en trámite por ante el Fuero Laboral, que se incrementa año tras año".
En ese contexto, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región volvió a reclamar la adhesión a la ley nacional. En una nota difundida el viernes, consideró "llamativas" las demoras en sancionar la norma.
"Lamentablemente, el debate legislativo no logra avanzar y Santa Fe continúa siendo una de las pocas provincias que aún no definió su adhesión. Ésta situación resulta sumamente preocupante, considerando que como resultado de la aplicación de la Ley Nº 27.348 en las jurisdicciones que adhirieron, se dio una fuerte caída de la ‘industria del juicio’, que a su vez, redundó en una disminución del costo de las alícuotas de ART", expresó la entidad.

Comparación

En contraste, la provincia de Santa Fe ostenta una de las alícuotas más altas del sistema de riesgos del trabajo con un promedio 4,14 %, en comparación con CABA 2,27%; provincia de Buenos Aires 3,42%; Mendoza 3,48% y Córdoba 3,53%, según el último registro de octubre 2018 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Vale destacar que éstos cuatros distritos, a diferencia de Santa Fe, ya adhirieron a la Ley 27.348.
Los últimos datos sobre la evolución del sistema marcan una fuerte caída en la denominada ‘industria del juicio’, que se contrajo un 44% en el período, y una reducción del 20% en las alícuotas promedio de los seguros por accidentes y enfermedades laborales. Según las estimaciones oficiales, la reducción en los niveles de litigiosidad y en el costo de los seguros representan para las empresas un ahorro de alrededor de 30 mil millones de pesos.
El informe señaló que mientras en ese trimestre de 2017 se registraron 29.854 nuevos juicios de trabajadores en unidades productivas y de trabajadores en casas particulares, en el mismo período del año pasado se iniciaron 16.638, es decir una caída de 44,3%. El recorte involucró unas 13.214 presentaciones menos, lo que equivale a un costo de alrededor de $ 4800 millones (alrededor de $ 365.00 por juicio)
En el caso de la evolución de las alícuotas tras la reforma, otro informe de la SRT indicó que en promedio el costo de los seguros por la cobertura del sistema de riesgos del trabajo se ubicó en noviembre pasado en 2,83% de la masa salarial, situándose a valores muy cercanos a los registrados en 2009.
Ese valor representa una disminución de 19,6% en comparación con los niveles registrados en enero del 2016 y, según los cálculos oficiales, implican un ahorro de $ 25.000 millones para las empresas.
Al respecto, desde el organismo –según publicó el diario porteño El Cronista- argumentaron que la reducción en el monto de las alícuotas es "un efecto directo" de la reformulación legislativa que incorporó, entre otros aspectos, a las comisiones médicas jurisdiccionales como una instancia única, obligatoria y previa al inicio de cualquier demanda judicial contra el sistema.
Ese mismo elemento explica, según las autoridades de la SRT, la caída casi a la mitad en los niveles de litigiosidad. Justamente en el análisis detallado sobre la litigiosidad del sistema, el relevamiento precisó que el total de juicios notificados entre enero y setiembre del año pasado con y sin sentencia fue 58.123, de los cuales la Justicia dictó sentencia solo en 3480 casos (6%.)
El resto, 54.643 casos (94%), pasó a integrar el stock de expedientes que permanecen sin sentencia y que acumula 347.172 juicios desde enero del 2010, con un costo estimado superior a los u$s 5.000 millones.

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