La contratista del gasoducto aceptó pagar 6,7 M/$ al Municipio

Locales 22 de diciembre de 2018 Por
Firmó un convenio con el Ejecutivo para hacer efectiva la Tasa por Verificación e Inspección de Obra. En el Concejo habían impulsado exceptuarla del pago porque supuestamente no estaba contemplado en los pliegos. CASTELLANOS había revelado los puntos del pliego que sí reconocían esas obligaciones. Ahora, la empresa pagará la totalidad de lo adeudado.
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- CASTELLANOS

(Por Miguel González). Fue una de las novelas del último invierno. Cuando la UTE que conforman Transportadora de Gas del Sur (TGS) y SACDE inició los trabajos de tendido de cañerías del Gasoducto Regional Centro II, que unirá Recreo con Sunchales, se encontró con una señal de alto inesperada: los municipios y comunas no querían permitirle avanzar si no asumía el compromiso de pagar la Tasa de Verificación e Inspección que los estados locales cobran a todos los particulares que utilizan el espacio público para obras. La contratista se negó. Hubo conflictos, a punto tal que en Bella Italia el presidente comunal, Héctor Perotti, personalmente hizo detener las obras mientras avanzaban por zona rural.
En los últimos días se escribió el desenlace de la novela. Según el decreto 48.214, que se publicó en el Boletín Oficial el 18 de diciembre último, y que ingresó al Concejo Municipal para su aprobación definitiva -quedó "ad referendum" del cuerpo- en la última sesión ordinaria del año, el día anterior al de elaboración del decreto se suscribió un convenio entre la Municipalidad de Rafaela y la contratista de la obra, a través del cual ésta acepta pagar 6.739.627,41 pesos, integrando la mitad de ese monto a modo de entrega y el resto en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas.
La liquidación que debe hacer efectiva TGS-SACDE equivale al 4% sobre el monto total de la obra, en concepto de Tasa por Verificación e Inspección sobre obras e instalaciones en el dominio público, correspondiendo aplicar como base imponible el monto total de la obra en su paso por Rafaela, que es de 168,49 millones de pesos.
La aceptación de la obligación de pago por parte de la empresa pone fin a la polémica que había suscitado la propia contratista, cuando ejerció su poder de lobby político para intentar ahorrarse un monto importante en concepto de tasas a las que estaba obligada a respetar por las estipulaciones del pliego.

Hecho el pliego, hecha la trampa

Para entender la magnitud de la maniobra hay que descifrar la lógica que se da en este tipo de licitaciones, donde participan asociaciones empresarias –como el caso de la UTE que conformaron TGS y SACDE (esta última controlada por el empresario Marcelo Mindlin, muy allegado al entorno presidencial) que han participado de decenas de licitaciones, tienen los mejores equipos de profesionales trabajando en sus filas y conocen al pie de la letra cada renglón de los voluminosos pliegos licitatorios. No se trata de pymes improvisadas que pueden declararse "sorprendidas" por algún punto de la letra chica de los pliegos: para estas megaempresas no hay letras chicas, porque en todo caso son especialistas en interpretarlas para su beneficio.
Los pliegos establecían claramente las obligaciones de la contratista para con los estados locales. CASTELLANOS lo reveló en exclusiva, con el simple trámite de repasar los pliegos. Por ejemplo, el artículo 66.2 del Anexo II, que refiere a "DERECHOS, GESTIONES Y HABILITACIONES". En ese ítem, el pliego no deja lugar a ninguna duda: "el Contratista deberá tramitar las autorizaciones, habilitaciones y demás trámites exigidos por entes Nacionales, Provinciales y Municipales o empresas prestadoras de los servicios y abonar todos los impuestos (incluidos sellos), tasas, contribuciones, aranceles y cualquier otro derecho que surja de la construcción". Más claro, imposible.
Así, la empresa que ganó la licitación por ofrecer las mejores condiciones de precio y técnicas, pretendió alterar esas condiciones por la vía de eludir el pago de las tasas locales, que suman varios millones de pesos y un porcentaje significativo del costo. Sí hubo llamados telefónicos y advertencias de que se recurriría a autoridades nacionales para conseguir eludir esos pagos –que ahora queda claro que eran obligatorios- en realidad se quería sacar una ventaja respecto a los otros oferentes, que hicieron sus ofertas contemplando las obligaciones establecidas por los pliegos.
El decreto enviado al Concejo destaca en sus considerandos precisamente esos datos aportados por la investigación de CASTELLANOS en los días en que la polémica ganó la tapa de los diarios y los espacios radiales. "La exigencia -dice- se encuentra asismo prevista en el Pliego de Condiciones Especiales y en el Pliego de Especificaciones Técnicas que integran la licitación nacional, los cuales establecen que el contratista deberá dar estricto cumplimiento a las reglamentaciones municipales vigentes respecto a trabajos en la vía pública...."

Leer para saber

En Rafaela, la historia tuvo su capítulo aparte. La empresa no recurrió a los canales oficiales para gestionar una improbable exención. Pese a que hizo ingresar una nota al Ejecutivo, que no tuvo respuesta favorable, apeló al Concejo por canales extraoficiales. Concretamente, al concejal Hugo Menossi, según el propio edil admitió en una de las reuniones de comisión del cuerpo legislativo. Luego de recibir el pedido de la empresa por vía telefónica para que intercediera en el trámite, Menossi impulsó un proyecto para eximir a la contratista del pago, aduciendo que lo mismo había ocurrido con la contratista que ejecuta la Variante Rafaela.
Al concejal de Cambiemos, que sumó a sus compañeros de bloque en la firma del proyecto -que finalmente nunca se votó en el Concejo-, le salieron al cruce los funcionarios del Ejecutivo. En esos ejercicios de esgrima verbal, el edil cuestionó al secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Maina, quien había dado los argumentos del Ejecutivo para no perdonar nada y además, había participado de reuniones con colegas de la región que tenían la misma postura frente a la contratista. "No sabe nada", disparó Menossi en una entrevista radial, refiriéndose a Maina.
En esos días se habló de que la obra corría peligro, Menossi insistió en su postura, adujo que en los pliegos de obra del gasoducto no estaban incluidas esas tasas y por eso la corporación encargada de los trabajos no había previsto tal erogación. Fue más allá: amenazó con llevar el caso a la Justicia. Advirtió que si a la contratista del gasoducto le cobraban, pediría que se investigue si se incurrió en algún delito al no cobrarle la tasa a la contratista de la Variante. Llegó a calificar como una "avivada" recaudatoria de los estados locales a la imposición de esa tasa.
Finalmente, intendentes y presidentes comunales de Rafaela, Sunchales, Ataliva, Bella Italia y Esperanza aceptaron dar los permisos provisorios de paso para garantizar el cumplimiento de la obra, dejando sentado que insistirían en el reclamo del pago de las tasas y reservándose el derecho a la vía judicial. La obra avanzó y en pocos meses estará terminada. Los pliegos eran públicos y solo había que buscarlos, leerlos e interpretarlos.
TGS-SACDE, finalmente, pagará lo que siempre estuvo claro que debía pagar.

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