El Plan Gas y la visión energética del Gobierno

Enfoques 07 de diciembre de 2018 Por
El Plan Gas es un programa de incentivo a la producción incremental de gas natural que empieza a vencer este año.
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Por Martín Guglielmone
Una gran puja surgió entre los que quieren renovarlo tal como está y el que no. Por la renovación van algunos productores (YPF, PAE, Pampa) y los gobernadores de las provincias productoras. Solo, del otro lado, parece estar el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que propone un esquema en el cual el precio incentivo (lo llama "seguro de precio") solamente continúe para el gas no convencional.
Cuando el Gobierno nacional anunció en enero el nuevo esquema de Plan Gas, el sector vivió un momento de euforia hasta que supimos que únicamente se refería a formaciones no convencionales en Neuquén. El resto de toda la producción de gas argentina queda aún bajo largas discusiones.
Repasemos de qué se trata el programa vigente: el Gobierno asegura un precio de 7,5 dólares por millón BTU al gas producido por encima de los niveles acordados para el período 2012-2017. Este precio —hoy uno de los mayores del mundo— se aplica a cualquier tipo de gas "nuevo" o incremental: convencional, tight, shale y off shore.
Si bien este es un programa de incentivos y para los productores es indiferente quién paga la cuenta, para el común de los observadores el precio garantizado se asimila a un subsidio al tratarse de recursos que salen del Tesoro Nacional, o sea, de nuestros impuestos.
Los que van por la continuidad exhiben sus resultados: la producción de gas natural en boca de pozo aumentó un 5% desde la implementación del Plan Gas. Los gobernadores, que ya están muy preocupados por el sostenimiento de la actividad en las condiciones actuales, tienen una postura muy enérgica (y hasta amenazante) en favor de la renovación.
La mención a "el que no está de acuerdo" en singular no es antojadiza. El ministro de Energía pareciera estar solo en su postura, incluso respecto de otros funcionarios de su cartera. Con seguridad tiene el apoyo (o la indicación) del ala político-económica del Gobierno que busca afanosamente recortar gastos para mostrar señales de achicamiento de un déficit fiscal espectacular.
El razonamiento por la no renovación parte de que resultaría injustificable establecer un precio alejado del costo de producción.
Solo entonces el "gas nuevo" y más específicamente el no convencional (shale y tight), que implican riesgos y costos unitarios mayores que el convencional, lo ameritan.
En favor del sector productor, dicen, el Gobierno ya ha puesto muchas cosas sobre la mesa (por adelantado y sin garantía), a saber: aumentar del precio de gas en boca de pozo (tarifazo), flexibilizar el convenio laboral de Vaca Muerta, tolerar los 1300 despidos de YPF, quitar de las retenciones a las exportaciones hidrocarburíferas, permitir la liquidación de divisas por fuera de las entidades locales y ofrecer salir al mercado financiero internacional para buscar hasta cinco mil millones de dólares para reforzar el compromiso de inversión privada.
Las empresas productoras no consideran todo esto suficiente. Están aferradas a lograr un mejor precio por una porción mucho mayor del volumen de cualquier tipo de gas que producen sin importar si deben hacer mayores inversiones o gastos para lograrlo. Y si sus expectativas no son cumplidas, podrían usar una herramienta que no es nueva: retraer la producción ("sentarse sobre las concesiones"). Los gobernadores, obviamente, acompañan esta presión por sus propios intereses legítimos: regalías, actividad y empleo local, etcétera.
Para colmo la posible retracción en la producción de parte de los productores confluye peligrosamente con la visión de mediano y largo plazo del pensamiento energético de los Aranguren. Esta visión implica el retiro completo de la injerencia del Estado en el sector en unos cuatro o cinco años. Las fuerzas de la oferta y la demanda determinarían el precio y el volumen ofertado. También su origen. Quien quiera gas que lo contrate como pueda y donde pueda, en el país o afuera. Para este pensamiento es indiferente si el gas es producido en Argentina o si se importa.
Cuidado que el tarifazo del año pasado parecía esconder la peor solución posible para este escenario: se propuso que para 2019 el precio de todo el gas producido en la Argentina destinado a las familias valga lo mismo que el importado. Una manera muy gravosa de defender la producción nacional equiparándola en valor con la importación.
Se les da a las empresas el mayor valor posible a costa de los bolsillos de todos. Incluso es una contradicción flagrante al mismo pensamiento liberal. El precio de encuentro entre la oferta y la demanda es fijado por el Gobierno nacional antes de retirarse del mercado (justo en el nivel más alto posible).
Asumo la dificultad para explicar este punto, sobre todo a quien no tenga conocimiento previo. Pero su complejidad no debe minimizar la gravedad del impacto que ese aumento podría tener en los consumidores. De concretarse, esta sería, quizás, la medida más cara e injusta de todas las que está tomando hoy el Gobierno.
Vivimos un tiempo donde los precios globales del petróleo se mantienen estables, relativamente bajos y no se esperan subas significativas en el futuro visible. Menos aún después de la irrupción de Donald Trump que no es timorato pugnando por el autoabastecimiento de su país, desoyendo a los ambientalistas, liberando volúmenes y presionando los precios a la baja. A eso se suma las gigantescas capacidades instaladas por el mundo para exportar GNL.
El Gobierno debe tender un puente hasta lograr una reconversión profunda del sector. Esa reconversión que tiene que ser diseñada por las empresas, el Estado y los trabajadores, y debe estar orientada por un concepto fundamental: la eficiencia productiva. Argentina tiene un enorme déficit en este sentido en relación con otros países altamente competitivos. Este objetivo conjunto nunca debe pivotear sobre una precarización laboral (el costo laboral es la primera excusa fácil a la que normalmente se recurre).
Retomando el Plan Gas, sería recomendable renovarlo con una curva descendiente de precios hasta su extinción definitiva en no más de 5 años. Además, debiéramos orientarlo solo al "gas nuevo" que requiera inversiones adicionales para su producción.
La puja titánica que se está llevando a cabo silenciosamente en estos momentos definirá la suerte del sector gas natural (usuarios, trabajadores, empresas y Estado) en el próximo quinquenio, al menos. Tengamos en cuenta que Vaca Muerta, en el mejor de los casos, recién "moverá el amperímetro" un poco después.
¿Qué interés prevalecerá? ¿El general o el de algunos particulares?

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